Inapa está rodeada de varias irregularidades en licitación
A pesar de que el gobierno del presidente Luis Abinader ha establecido diversos mecanismos para evitar casos de corrupción, como el sometimiento al Congreso Nacional de un proyecto de modificación de la Ley General de Compras y Contrataciones Públicas, en el tren gubernamental se siguen registrando casos en los que las licitaciones se ven viciadas.
Tal son los casos del Instituto Nacional de Alcantarillado y
Aguas Potables (INAPA) y el Plan Social de la Presidencia, entidades que
presentan una serie de anomalías en licitaciones públicas y que fueron
reveladas a través del programa Nuria Investigación Periodística.
En lo relativo al INAPA, El primero de octubre de 2021, el
presidente Luis Abinader anunció el saneamiento de la cañada Arroyo Gurabo,
cuya obra contempla una inversión estimada total de más de 1,204 millones de
pesos, con una proyección de tiempo de ejecución de dos años e impactará la
vida de unas 900 mil personas.
Dos semanas después del presidente Abinader haber anunciado
esta obra, el 14 de octubre de 2021, INAPA convoca a todos los interesados en
presentar propuestas en la obra “construcción sistema de saneamiento Arroyo
Gurabo y su entorno, municipio Santiago” mediante una publicación en un
periódico de circulación nacional, como establece la Ley.
Dos meses después, el 13 de diciembre de 2021, INAPA recibe las ofertas referentes a la adjudicación de la Licitación Pública Nacional número INAPA-CCC-LPN-2021-0044, para la obra, en la que participaron 13 oferentes y finalmente fueron seleccionados ocho empresas constructoras, incluyendo Rigarunville SRL, a la que le fueron adjudicados trabajos por más de 316 millones de pesos.
La empresa, cuyas actividades comerciales van desde
servicios profesionales de ingeniería hasta banca e inversiones, fue creada el
15 de febrero de 2012 por Ignacio Manuel González Franco y Domingo Antonio
Balbuena, con 999 cuotas y una cuota, respectivamente.
El nombre del socio minoritario, Domingo Antonio Balbuena
Mena, predomina en un aviso de inactivación del Registro Nacional de
Contribuyentes de empresas fantasmas o no localizadas por la Dirección General
de Impuestos Internos (DGII).
De un total de 200 empresas, unas 44 tienen como representante a Domingo Antonio
Balbuena Mena, lo que nos da a entender que es una compañía de carpeta que
pareciera que estuvo desactivada hasta que en el 2021, donde en este registro mercantil
ya ni Balbuena Mena ni González Franco están como socios sino Mario Rafael
Sarkis Llaneza Kury, quien vende sus
900 cuotas por un valor de 90 mil pesos a Jeannette Isabelle Llaneza Luna, una
joven estudiante de apenas 21 años de edad, quien también asumió como gerente.
Otra demostración de la poca rigurosidad de los comités de
compras y contrataciones es que no verifican que las certificaciones de
experiencia que el pliego de condiciones exigen
a las empresas para garantizar su expertis en dicha construcciones.
Por ejemplo, una certificación de experiencia dada por la
constructora Harmaville, cuyo director general es Rafael Llaneza, curiosamente
el mismo apellido de la actual gerente, Jeanette Isabelle Llaneza.
También otra certificación otorgada por la Constructora
Rallak, cuyo titular es nada más y nada menos que Mario Llaneza, el antiguo
dueño de Rigarunville, quien vendió la compañía a su hija, Jeanette Isabelle
Llaneza. Además de que los familiares son los que están emitiendo las
certificaciones, otra falta evidente es que no mostraron experiencia en obras
similares a la licitada.
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